Aprueba Comisión acuerdo para invitar a
reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos
También se
convoca al fiscal general del estado para que proporcionen información sobre
hechos en la entidad
Con-textos Regionales.- Senado de la República / Maritza Zárate
/ La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el senador Óscar
Cantón Zetina, aprobó un dictamen con punto de acuerdo para invitar a la
gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal general
de la misma entidad, César Gustavo Jáuregui, a una reunión de trabajo con
comisiones senatoriales, para que proporcione información sobre los hechos en
los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad estadounidense en ese
estado del país.
El
documento, que obtuvo 15 votos a favor y uno en contra, señala en sus
resolutivos que el Senado de la República invita respetuosamente a la persona
titular del Poder ejecutivo del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos
Galván, y a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua,
César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo con las Comisiones de
Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.
Dicha
reunión, señala el documento, a celebrarse el martes 28 de abril de 2026, a las
11:00 horas, en la sede del Senado de la República, tiene el objetivo de que
puedan proporcionar información relacionada con los hechos en los que perdieron
la vida dos personas de nacionalidad estadounidense en dicha entidad
federativa, así como los elementos que permitan conocer las circunstancias en
que ocurrieron dichos acontecimientos y el estado que guardan las
investigaciones correspondientes.
El
segundo resolutivo del dictamen señala que el Senado de la República solicita a
la titular del Poder ejecutivo del estado de Chihuahua y al titular de la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitan, de manera previa a la reunión
de trabajo un informe pormenorizado y documental que contenga la cronología
completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones
sostenidas con autoridades federales y cualquier actuación realizada en
términos del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.
Previo
a la aprobación del dictamen, por mayoría de votos, se aceptó una propuesta del
senador Ignacio Mier Velazco, de Morena, para hacer un agregado en el título
del documento, y dejarlo de la siguiente manera: “… se invita respetuosamente a
la persona titular del Poder ejecutivo del estado de Chihuahua y a la persona
titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a una reunión de trabajo
en Comisiones senatoriales para que informen sobre los hechos ocurridos en esa
entidad, la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente
al Gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación
y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano”.
El
presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez,
comentó que ninguna autoridad extranjera puede ejercer lo que les corresponde a
las autoridades de nuestro país. Además, leyó el artículo 40, segundo párrafo
de la Constitución Política, que es claro al decir que el pueblo no permitirá
injerencia de extranjeros.
Juan
Carlos Loera de la Rosa, senador de Morena y promovente del punto de acuerdo,
dijo que únicamente se busca citar a una reunión de trabajo a la gobernadora de
Chihuahua, toda vez que es necesario aclarar lo que sucedió en el operativo de
la fiscalía del estado.
Javier
Corral Jurado, senador de Morena, consideró que la gobernadora de Chihuahua y
su fiscal entraron a un tobogán de mentiras. Afirmó que nadie cuestiona el
combate al narcotráfico, sino el invento y el intento de engañar a la opinión
pública con mentiras, al ocultar que infiltraron a agentes norteamericanos en
operativos de la fiscalía de esa entidad; es decir, la gobernadora pacta a
espaldas del Gabinete Federal de Seguridad.
De
Morena, el senador Saúl Monreal Ávila subrayó que lo sucedido es una violación
flagrante al artículo 40 de la Constitución Política. “Son unos traidores a la
patria y no lo podemos permitir, porque hay una injerencia directa de Estados
Unidos en México. No permitiremos que agentes extranjeros entren a nuestro
territorio y menos que intervengan en temas de seguridad”, expuso.
De
Morena, Gerardo Fernández Noroña indicó que el propio fiscal del estado
reconoció que dos agentes estadounidenses participaron en el operativo de
Chihuahua. Además, “la CIA tiene fama de la promoción de golpes de estado; lo
que quieren es hacer de la traición virtudes”, resaltó.
El
senador Pavel Jarero Velázquez, de Morena, refirió que es inadmisible que
cuando se trata de discutir sobre la soberanía del país, la oposición desvíe el
tema, sobre todo cuando el propio fiscal de Chihuahua aceptó la intervención de
agentes extranjeros, lo que es sin duda una violación al marco constitucional.
El
senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que “lo que busca el bloque
oficialista es que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo
combatir al crimen organizado; esperamos que también quieran que acudan
gobernadores impresentables como Rubén Rocha, de Sinaloa, o Marina del Pilar,
de Baja California, a quien las autoridades norteamericanas le quitaron su
visa”.
También
del PAN, el senador Marko Cortés Mendoza cuestionó por qué molesta tanto a los
Grupos Parlamentarios mayoritarios que se combata al crimen organizado. “Lo que
planteamos es que también vengan a una reunión de trabajo los gobernadores que
tienen vínculos con el crimen; además, que se envíe una nota diplomática a
Estados Unidos para que aclaren con puntualidad qué sucedió y qué
responsabilidades tenían los agentes”, dijo.
Verónica
Rodríguez Hernández, senadora del PAN, aseguró que la gobernadora Maru Campos
“no solo vendrá a darles clases sobre cómo combatir al crimen organizado, sino
de congruencia y calidad moral, porque ustedes quieren desviar la atención de
lo que lo que no está haciendo este gobierno, que es enfrentar a la
delincuencia”.
Mario
Humberto Vázquez Robles, del PAN, celebró que hoy Chihuahua tenga un gobierno
decidido a atacar al crimen organizado. “Son hipócritas porque quieren
esclarecer los hechos, pero la propia gobernadora dio el primer paso al pedir
reunirse con la presidenta; si queremos saber qué pasó entonces convoquemos al
diálogo a todos los actores”, añadió.
Por
el PAN, la senadora Lilly Téllez García mencionó que “el gobierno
estadounidense ha dicho con sustento que en México gobiernan los carteles y los
que brincan de inmediato son ustedes, siempre se ponen el saco de ser el brazo
legislativo de los carteles. En el operativo de Chihuahua hubo fuerzas
federales, estuvo el Ejército, y hubo trabajo en coordinación”.
Del
mismo Grupo Parlamentario, el senador Agustín Dorantes Lámbarri consideró que
en Morena están del lado de los gobernadores involucrados con el narcotráfico.
“Lo que le duele al pueblo de México es el crimen, los muertos y los
desaparecidos, pero eso no les ha preocupado. Nosotros estamos orgullosos de la
gobernadora Maru Campos”, destacó.
Raymundo
Bolaños Azocar, senador del PAN, apuntó que el fondo es el desmantelamiento de
un narcolaboratorio y “nuestra posición es el esclarecimiento pleno de los
hechos y el deslinde de responsabilidades, pero de todos los actores. Quieren
que venga la gobernadora para hacer un linchamiento político”.
Del
PVEM, el senador Luis Alfonso Silva Romo mencionó que es una debilidad
histórica que los ahora opositores quieran acudir al extranjero para que se
arreglen los problemas del país, quisieran seguir rindiendo pleitesías a
gobiernos extranjeros, pero estimó que en el operativo de Chihuahua se violó la
Ley de Seguridad Nacional.
Juanita
Guerra Mena, senadora del PVEM, dijo que la soberanía nacional tiene que
respetarse y como lo ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
sí a la colaboración, pero sin subordinación. Celebró que se haya desmantelado
el laboratorio de narcóticos, pero es necesario respetar el marco
constitucional y legal.
Lizeth
Sánchez García, senadora del PT, indicó que existe la necesidad de saber si se
respetó o no el marco constitucional, porque es claro que la soberanía nacional
reside en el pueblo y se ejerce mediante las instituciones que mandate la
propia Constitución Política. “Hay que respetar el orden constitucional, sobre
todo en un tema tan delicado como la seguridad nacional”, agregó.
El
senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, estimó que el
punto de acuerdo no tiene su base en la Constitución, sino que obedece a una
motivación política, porque el Senado no tiene la facultad constitucional de
citar a una gobernadora. “Las autoridades locales no tienen que rendir cuentas
al Senado, esto vulnera el federalismo”, subrayó.
