Avala LXV Legislatura Tlaxcalteca, reforma constitucional para la armonización del marco jurídico del Estado

 Avala LXV Legislatura Tlaxcalteca, reforma constitucional para la armonización del marco jurídico del Estado 

Con-textos Regionales.- Las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobaron este lunes, en sesión extraordinaria, el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, con el propósito de armonizar el marco constitucional local con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de organización municipal, paridad de género, disciplina presupuestaria y remuneraciones de autoridades electorales. 

Con la aprobación del dictamen se establecen nuevas disposiciones para la integración de los ayuntamientos, los cuales deberán observar un límite máximo en regidurías, además de garantizar los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva. Asimismo, el Congreso del Estado observará dichos principios en su integración y funcionamiento, fortaleciendo el compromiso institucional con la igualdad y la representación equitativa. 

La reforma también incorpora un límite constitucional al presupuesto anual del Poder Legislativo, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado, disposición que, conforme al régimen transitorio, será aplicable a partir del inicio de la LXVI Legislatura. De igual forma, se establecen nuevas reglas para que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y del Tribunal Electoral del Estado se sujeten a los límites previstos en la Constitución Federal y se prohíba la contratación de prestaciones extraordinarias no contempladas por la ley. 

Con este decreto, el Congreso del Estado armoniza la constitución local, con las reformas realizadas a la constitución federal, fortaleciendo la congruencia del marco jurídico estatal con los principios de supremacía constitucional, austeridad, eficiencia, transparencia, igualdad sustantiva y responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos. Tras su aprobación por el Pleno, el Decreto será remitido a los 60 ayuntamientos del Estado para el procedimiento constitucional correspondiente.